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Marín Chaparro o El olvido de los presos políticos

Por

 Miguel Henrique Otero

enero 2, 2022

 



El teniente coronel Igbert Marín Chaparro inició una huelga de hambre el 21 de diciembre

Sobre los presos políticos venezolanos, sean civiles o militares, pesan todas las desventajas imaginables: los recluyen en espacios degradados, infectos y deshumanizadores; a una parte de ellos, los torturan psicológica y físicamente; la hostilidad, acoso y trato injuriante a que los someten no se limita al detenido, sino que se extiende a sus familiares y abogados; se los desaparece, a menudo, sin que por semanas o meses se tenga noticia alguna de dónde se encuentran, en qué condiciones, ni tampoco las razones por las que se les impide el más elemental de los derechos, que es mantener algún contacto con sus familiares.

Son seres negados, borrados por las dictaduras de Chávez y Maduro: los aíslan, les niegan el derecho a recibir asistencia en materia de salud y, por supuesto, carecen de toda garantía en materia de justicia. Las audiencias se posponen una y otra vez, los jueces -todos miembros del régimen- se niegan a escuchar los alegatos de los abogados; les ocultan los expedientes (ha ocurrido que presos políticos no saben, con precisión, de qué delitos los acusan); se emiten fallos en su contra -cuando se emiten- sobre hechos inexistentes y no comprobados. Un preso político en la Venezuela de Chávez y Maduro es un sujeto despojado de la totalidad de sus derechos. Un ser colocado en un espacio del poder donde no hay ley sino la ferocidad y la militancia de los carceleros, los torturadores y los jueces.

En tanto que han sido desnudados de todo derecho, es decir, que sus destinos dependen de variables ajenas al debido proceso o al supuesto marco legal -la arbitrariedad de los funcionarios, la corrupción sistémica, el horror burocrático-, se añade una recurrente complejidad: resulta extremadamente difícil encontrar un camino adecuado para su defensa: si se limita a los recursos del derecho; si los políticos deben participar o no, y, en caso de hacerlo, cuál es el modo adecuado; está, además, la cuestión de la denuncia mediática, que tiene el riesgo de convertirse en un búmeran para las ya precarias y mórbidas condiciones de detención. Cuando los familiares denuncian, el régimen reacciona empeorando las condiciones de sus prisioneros: más torturas, más precariedad, más castigos.

Pero hay un elemento más sobre el que los ciudadanos venezolanos tenemos la obligación moral de meditar: hay una poderosa tendencia al olvido de los presos políticos. Quienes están llamados a mantener viva la llama pública de cada preso político -los políticos, el periodismo, los gremios correspondientes- no actúan de forma consecuente. Apenas aparecen otros temas en la agenda, al preso político se le desplaza a un segundo o a un tercer plano, desconociendo que el factor de la persistencia, el de la lucha constante y sin desmayo, es fundamental, especialmente ante regímenes como el venezolano, donde el Estado de Derecho ha sido totalmente destruido.