Marín Chaparro o El olvido de los presos
políticos
Por
enero 2, 2022
El teniente
coronel Igbert Marín Chaparro inició una huelga de hambre el 21 de diciembre
Sobre los presos políticos venezolanos, sean civiles o militares, pesan
todas las desventajas imaginables: los recluyen en espacios degradados,
infectos y deshumanizadores; a una parte de ellos, los torturan psicológica y
físicamente; la hostilidad, acoso y trato injuriante a que los someten no se
limita al detenido, sino que se extiende a sus familiares y abogados; se los
desaparece, a menudo, sin que por semanas o meses se tenga noticia alguna de
dónde se encuentran, en qué condiciones, ni tampoco las razones por las que se
les impide el más elemental de los derechos, que es mantener algún contacto con
sus familiares.
Son seres negados, borrados por las dictaduras de Chávez y Maduro: los
aíslan, les niegan el derecho a recibir asistencia en materia de salud y, por
supuesto, carecen de toda garantía en materia de justicia. Las audiencias se
posponen una y otra vez, los jueces -todos miembros del régimen- se niegan a
escuchar los alegatos de los abogados; les ocultan los expedientes (ha ocurrido
que presos políticos no saben, con precisión, de qué delitos los acusan); se
emiten fallos en su contra -cuando se emiten- sobre hechos inexistentes y no
comprobados. Un preso político en la Venezuela de Chávez y Maduro es un sujeto
despojado de la totalidad de sus derechos. Un ser colocado en un espacio del
poder donde no hay ley sino la ferocidad y la militancia de los carceleros, los
torturadores y los jueces.
En tanto que han sido desnudados de todo derecho, es decir, que sus
destinos dependen de variables ajenas al debido proceso o al supuesto marco
legal -la arbitrariedad de los funcionarios, la corrupción sistémica, el horror
burocrático-, se añade una recurrente complejidad: resulta extremadamente
difícil encontrar un camino adecuado para su defensa: si se limita a los
recursos del derecho; si los políticos deben participar o no, y, en caso de
hacerlo, cuál es el modo adecuado; está, además, la cuestión de la denuncia
mediática, que tiene el riesgo de convertirse en un búmeran para las ya
precarias y mórbidas condiciones de detención. Cuando los familiares denuncian,
el régimen reacciona empeorando las condiciones de sus prisioneros: más
torturas, más precariedad, más castigos.
Pero hay un elemento más sobre el que los ciudadanos venezolanos tenemos la
obligación moral de meditar: hay una poderosa tendencia al olvido de los presos
políticos. Quienes están llamados a mantener viva la llama pública de cada
preso político -los políticos, el periodismo, los gremios correspondientes- no
actúan de forma consecuente. Apenas aparecen otros temas en la agenda, al preso
político se le desplaza a un segundo o a un tercer plano, desconociendo que el
factor de la persistencia, el de la lucha constante y sin desmayo, es
fundamental, especialmente ante regímenes como el venezolano, donde el Estado
de Derecho ha sido totalmente destruido.